Existe un preocupante incremento de actividades de grupos de presión que se oponen a los derechos sexuales y reproductivos. La Federación de Planificación Familiar Estatal ha sido víctima de los ataques de estos grupos. Ejemplos son la recogida de firmas para suprimir sus subvenciones públicas, el proceso judicial para retirar su declaración como entidad de utilidad pública y más recientemente la denuncia a 20 clínicas médicas acusándolas de “dar información falsa en sus webs con el objetivo de incitar a mujeres al aborto”.

Estos ataques pretenden dificultar el acceso a derechos sexuales y reproductivos, que están reconocidos en la Convención CEDAW y vinculados a la Carta de Derechos Fundamentales (Arts. 3, 21, 23 y 35).

Eurodiputados y eurodiputadas* de diferentes grupos políticos han presentado una pregunta parlamentaria a la Comisión Europea (aquí la pregunta presentada) para informar del crecimiento de estos grupos en la UE y preguntar si considera formular directrices para recomendar a estados y administraciones cómo actuar ante estos ataques y garantizar el cumplimiento de derechos y el acceso a servicios sexuales y reproductivos reconocidos en legislaciones internacionales y nacionales. También han solicitado que se requiera a los Estados Miembros para que informen de si están destinando recursos públicos para financiar a estos grupos.

A su vez, han dirigido una carta al Presidente del Gobierno (que puede consultar aquí), el Sr. Mariano Rajoy, para informarle de estos hechos y solicitarle una investigación al respecto, recordándole la importancia de la promoción de la educación sexual, tal y como contempla la legislación internacional y recomienda las Naciones Unidas. Finalmente, han solicitado se reconsidere la retirada de la declaración de FPFE como entidad de utilidad pública.

* Las eurodiputadas y eurodiputados firmantes de la pregunta son: Ernest Urtasun, Malin Björk, Iratxe García Pérez, Angelika Mlinar y Terry Reintke.