ICV ha exigido a la Comisión Europea y a la Junta Única de Resolución, mediante sendas preguntas parlamentarias, que examine los 450 millones de euros en bonos subordinados vendidos a particulares que el Banco Popular emitió en julio de 2001 y octubre de 2011.

Ante la decisión del SRB de resolver el Banco Popular al que el BCE determinó como inviable, y su posterior adquisición por el Banco Santander, los bonos de particulares vendidos al por menor han sido convertidos en acciones. Así, además de los accionistas, particulares que compraron esos bonos en oficinas del Popular han perdido todo el dinero.

La concentración del sector bancario español y el crecimiento de un banco clasificado en la lista de global de bancos con importancia sistémica, asumiendo una operación de riesgo, son otros de los elementos en los que se ha exigido posicionamiento de las autoridades bancarias.

Después de conocerse la noticia de la resolución del Popular y la posterior adquisición por parte del Banco Santander, el eurodiputado de ICV Ernest Urtasun ha declarado:

“En el actual escenario de resolución del Popular decidido por la Junta de Resolución Bancaria europea, vamos a exigir que se supervise la situación de las personas que adquirieron bonos subordinados, que han perdido todo el principal de la inversión. La directiva MiFID  de protección a los inversores ha sido masivamente vulnerada en España, el test de conveniencia que exige dicha directiva ha sido ignorado en muchos casos. Exigimos a la Comisión y a la Junta Única de Resolución que en la primera resolución de un banco por parte del SRB tenga en cuenta posibles vulneraciones del marco legal de protección a los consumidores de productos financieros a la hora de absorber determinados bonos que pudieron ser vendidos de forma fraudulenta”.

“Creemos que la adquisición del Santander debe ser también analizada por la Comisión. No se puede permitir que una operación de este tipo tenga apoyo de dinero público, ni que sea de forma indirecta o en diferido, mediante un tratamiento del capital beneficioso o condiciones fiscales ventajosas. El gobierno español debe explicar en profundidad los detalles de la compra por parte del Santander.”

“De esta operación, nos preocupa también el incremento del tamaño de un banco de riesgo sistémico como es el Santander y la enorme concentración bancaria española. Si un banco tiene demasiado riesgo como para dejarlo caer, no debería existir.”