El pasado viernes, viernes el ministro de Economía y Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, y su ministra de Trabajo, Muriel Pénicaud emitieron un comunicado para presionar al grupo PSA y evitar la contratación de trabajadores principalmente polacos y españoles, apelando a proteger los puestos de trabajo para los franceses. El vicepresidente del grupo Verdes/ALE y eurodiputado de Catalunya en Comú, Ernest Urtasun, ha registrado una pregunta parlamentaria sobre el veto que Francia habría logrado imponer a la contratación de trabajadores europeos en las plantas del grupo PSA (que incluye las marcas Citroën, Peugeot, DS, Opel y Vauxhall) [1]. Sobre todo ello, ha comentado:

“La Comisión Europea debe investigar el veto a la contratación de trabajadores españoles en Francia, ya que la exclusión de trabajadores temporales por motivo de su nacionalidad representa una discriminación incompatible con los Tratados de la UE.

La actitud del gobierno francés choca con las iniciativas de la Comisión está desarrollando medidas de coordinación en la respuesta a la crisis del COVID-19 en materia como el control de fronteras y trabajadores transfronterizos.

Entendemos que en el contexto de las medidas de apoyo a las empresas por la crisis del COVID-19 es importante establecer normas de control estricto sobre las contrataciones y despidos de las empresas beneficiarias. Pero eso se puede hacer obligando a cumplir estrictamente los diferentes convenios sectoriales y de empresa y no excluyendo a trabajadores por motivo de su nacionalidad.”